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1.3.15

La guerra que no se quiere ver




Veredicto. | VICTORIA GESUALDI/ANFIBIA





Fito Paniagua | Contacto



La batalla contra la información que libró la prensa de EE. UU. y de Gran Bretaña cómplice de la invasión a Irak, en 2003, puede asimilarse a la de la corporación periodística contra el Gobierno nacional. La muerte de Nisman desquició al conglomerado de medios opositor, que, valiéndose de mentiras y difamaciones, plantó la hipótesis que más le conviene: al fiscal lo mataron denunciar a la presidenta. Los que apoyaron la locura militar de Bush admitieron su error y pidieron disculpas. En la Argentina, ¿bastará un mea culpa para expiar los desatinos?    

“La manipulación inteligente de las masas es un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante en nuestro país”. Lo escribió Edward Beynards, pionero de la propaganda e inventor de la teoría de relaciones públicas, que supo convencer al presidente Woodrow Wilson de cómo justificar ante el pueblo estadounidense la entrada de ese país en la Primera Guerra Mundial, en 1917, mediante un artilugio que sigue siendo exitoso en estos tiempos: asustar.
La misma estrategia usó George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El miedo se usó esta vez para invadir Afganistán en 2001 e Irak en 2003, en lo que fue un verdadero plan criminal perpetrado por EE. UU, con la complicidad de otros países, como Gran Bretaña y España.
En La guerra que usted no ve, un documental de John Pilger, se muestra cómo los grandes medios de comunicación estadounidenses y británicos manipularon la información para convencer a sus audiencias de la necesidad de atacar Irak y destruir así la amenaza de las supuestas armas químicas de Sadam Husein.
Medios como el estadounidense The New York Times y el británico The Observer publicaron informaciones falsas sobre el arsenal de destrucción masiva de Sadam, pese a que se sabía que la capacidad bélica del régimen se había desmantelado desde 1991, con las inspecciones de la ONU. El exjefe de los inspectores Scott Ritter decía ya en 1998 que Sadam estaba desarmado.
The New York Times pidió disculpas a sus lectores por haber difundido esa mentira. En un editorial del 26 de mayo de 2004, el diario admitió que la información previa a la invasión a Irak no era rigurosa, provenía de fuentes descalificadas, no se constató y era errónea.  El propio Daniel Okrent, defensor del Lector del periódico, señaló el error de “divulgar y dar crédito a informaciones sin confirmar sobre supuesta existencia de armas químicas, biológicas y nucleares en Irak, sobre todo cuando las mismas provenían de dudosas fuentes (funcionarios del Pentágono que solicitaban el anonimato y exiliados iraquíes), que llevaron al rotativo a ser manipulado por el Gobierno”.
El periodista David Rose, de The Observer, admitió que lo que él había escrito sobre el arsenal iraquí era parte de una “campaña de desinformación sofisticada”. “No tengo cómo justificarme”, dijo, entrevistado para La guerra que usted no ve. En apoyo del plan bélico del entonces primer ministro británico Tony Blair, Rose había llegado a escribir en el periódico: “Hay ocasiones en la historia en que el uso de la fuerza es tan correcto como sensato, y esta es una de ellas”. “Fue un crimen a gran escala”, reconoció ante Pilger acerca de la invasión de Irak.
The Guardian reprodujo en noviembre de 2001 un artículo de Rose en el que da cuenta de la supuesta “conexión” entre los atentados del 11S y Sadam, cuando se sabía que Bagdad nada había tenido que ver con los ataques terroristas en suelo estadounidense. Años después, Rose escribió: “Cada vez que pienso en esos meses vertiginosos en que apoyé la invasión, siento náuseas, me siento enojado y avergonzado”. 
Aunque menos autocrítico, Dan Rather, uno de los más famosos presentadores de noticias de CBS News, justificó las mentiras de la prensa en que “el miedo está presente en cada sala de noticias del país, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la empresa en que se trabaja entre en bancarrota, el miedo a que lo rotulen de antipatriótico”.




La caída de Bagdad, en abril de 2003. | REUTERS.

Reggy Yama, de la BBC, contó que el día en que las tropas estadounidenses entraron a Bagdad, el 1 de abril de 2003, lo único que pudo verse en las trasmisiones televisivas fue el derrumbe de la estatua de Sadam y el “festejo” de bagdadíes por la supuesta “liberación” y no el baño de sangre y la carnicería que permitió la entrada triunfal a la legendaria capital iraquí. El resultado de esa “liberación” fueron 740 000 mujeres viudas y 4,5 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares.
En 2004, la ciudad de Faluya fue atacada por las tropas de la coalición. El 70 por ciento de las casas fueron destruidas, según la ONU, y las que permanecieron en pie estaban atravesadas por balas. Miles de civiles fueron masacrados. Muy poco de eso se mostró por la TV.
Dahr Jamail, un periodista estadounidense “no embutido” (“embutido” se llama al periodista que acompaña a las tropas y, en consecuencia, reporta solo lo que los militares permiten), reveló que EE. UU. usó fósforo blanco en Faluya y que miles de cadáveres de civiles fueron enterrados en fosas con carteles que daban una descripción de ellos: “Hombre viejo de sotana con llaves en la mano”.
Aunque sin los horrorosos resultados de Irak  ni los cruentos objetivos de las administraciones estadounidenses, el postulado de Beynards sobre el poder invisible de la manipulación encontró abrigo en los grandes monopolios mediáticos de América Latina. Una perversa maquinaria de difamaciones se despliega en los países de la región con gobiernos de centroizquierda. Las corporaciones les declararon la guerra a los gobernantes progresistas, hirieron de muerte al periodismo y, día a día, presentan batalla al derecho de la información.
En el caso de la Argentina, los últimos sucesos relacionados con la muerte de Alberto Nisman son una muestra de hasta dónde se puede llegar cuando la prensa prostituye su función de informar. El caso del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA, hallado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero, en el baño de su departamento, puso al máximo el grado de perversidad con que se maneja un sector de la prensa argentina, que, desde 2008 en adelante, no hace más que mentir, sesgar y difamar solo porque no le gusta el rumbo de las políticas del Gobierno.
La denuncia realizada por el fiscal de un supuesto plan criminal orquestado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el arma que la prensa opositora usó para disparar al corazón del poder político argentino. En las horas posteriores a la difusión de la denuncia, en plena feria judicial, dirigentes políticos anti-K se hicieron un festín de elucubraciones y el propio funcionario judicial denunciante fue a la televisión a agitar la acusación contra la máxima autoridad de la nación, con la misma turbación de quien quiere contar acerca de su primera novia.





“Si es que su muerte, hipotéticamente, fue un homicidio relacionado con esa causa, no fue por el supuesto peligro que representaba para el oficialismo, sino por todo lo contrario: la acusación era tan débil que solamente podía trascender con la muerte trágica del fiscal”, dice Luis Bruschtein en Página 12. 
El ardid jurídico fue desacreditado en las últimas horas por el juez federal Daniel Rafecas, que, en casi 100 páginas, desestima la acusación de Nisman contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman y los demás denunciados, y prueba la “inexistencia de delito” en un escrito donde marca contradicciones, omisiones y evaluaciones erróneas del denunciante.
Entre las pruebas para armar la acusación Nisman menciona un artículo periodístico de José Ricardo Pepe Eliaschev, fallecido el año pasado, publicado en Perfil. El periodista asegura haber visto un paper interno de la Cancillería iraní y da como único respaldo de veracidad su “larga trayectoria profesional”. “No es un argumento muy profesional. Se tendría que haber corroborado esa información tan grave con otras fuentes. O exigir una copia del documento. Eliaschev no lo hizo y tampoco Nisman”, reflexiona Bruschtein.
El juez Rafecas advierte que, cuando menos, Nisman debió escrutar sobre el origen del documento, si se trataba de una copia o del original, si lo que publicó en sus artículos eran textuales copiados, o lo que el periodista recordaba de algo que había visto, qué seguridad tenía sobre la traducción del farsi al inglés. Ese documento que nunca apareció y nadie más que Eliaschev vio fue la “gran prueba”.
El juez da un dato más sobre el periodista: cuando fue citado por Nisman a declarar, el 28 de abril de 2013, el periodista dijo algo muy distinto de lo escrito en sus notas de Perfil. Rafecas menciona “notorias y alarmantes deficiencias y vacíos” en esa declaración testimonial y sentencia: “Es imposible aceptar como prueba lo que para Nisman fue ‘el comienzo de la trama del plan de impunidad’”.
Hasta horas antes de conocerse el fallo, “prestigiosos” periodistas de la corporación mediática con fuertes vínculos en Tribunales aseguraban que Rafecas no haría otra cosa que avalar la denuncia de Nisman, llegada a él a través del fiscal Gerardo Pollicita, un alfil de Mauricio Macri, que se hizo cargo del mamotreto jurídico del fallecido.
Quisieron así presionar al juez para que avanzara con la investigación a la presidenta, a quien ese sector de la prensa, que es el mascarón de proa del establishment, quiere ver cuando menos esposada, aun cuando sabe que la imputación por el supuesto delito de encubrimiento a los autores del atentado de 1994 que hizo pesar sobre ella el fiscal muerto no tiene sustento jurídico. 
Como los hechos no fueron como esperaban, sobrevino la difamación: Rafecas “negoció” con el Gobierno para zafar de una acusación por mal desempeño que tiene en el Consejo de la Magistratura. Si el fallo hubiera sido distinto, habrían dicho del juez  –como lo hicieron con Nisman– que es un hombre con coraje, dispuesto a enfrentar al poder, merecedor de un monumento en Comodoro Py. Ahora, Rafecas es un “soldado del kirchnerismo”, como opinó el más desfachatado de los periodistas de la corporación mediática.
Para esa prensa, la única la corrupción visible es la del Gobierno que combaten. No hay denuncia alguna sobre la administración macrista, donde, según parece,  prevalecen la transparencia y la honestidad, aun cuando el jefe de Gobierno está procesado por espionaje.
Está claro que, descartado Sergio Massa como el candidato del establishment, toda la maquinaria mediática quedará al servicio del hombre que salió a defender las banderas del justicialismo con postulados errados, como el de la “igualdad de oportunidades”, según reveló por radio.




La marcha del 18F. | ANFIBIA.

Para esa prensa, solo las manifestaciones convocadas por la oposición, como la de un grupo de fiscales para el 18F, es la expresión genuina del clamor de la calle. El paraguazo en homenaje a Nisman concentró a mucha más gente vinculada en forma directa o indirecta a la corporación judicial que a ciudadanos indignados. Dominados por la sinrazón, la mayoría de los que marcharon bajo la lluvia están convencidos de que el fiscal fue asesinado y que fue la propia presidenta la que lo mató o, lo que es lo mismo, lo mandó a matar.
Hasta ahora, todo lo investigado por la fiscal Viviana Fein conduce a la hipótesis del suicidio. En su edición de ayer sábado 28 de febrero, La Nación publica que “los resultados preliminares que arrojan las pericias [peritajes] y la autopsia en el cuerpo de Alberto Nisman revelan que pierde fuerza la hipótesis del homicidio”.  La noticia es clara, más allá de que el párrafo siguiente confunde: “El último informe técnico del barrido electrónico sobre las manos del fiscal confirma que la ausencia de restos de pólvora no constituye un resultado determinante para avanzar en la teoría del suicidio, dijeron a La Nación fuentes judiciales”. Suponemos que el error fue involuntario ya que, si se sigue el razonamiento, en lugar de “teoría del suicidio”, debió decir “teoría del homicidio”. El texto sobre el tema que se publica en la edición on line es distinto. 
Aun cuando la investigación concluya que Nisman se mató, como revelan los resultados de los peritajes, para los del 18F la presidenta seguirá siendo la autora del crimen del fiscal y la denuncia hecha por él sobre el supuesto plan criminal para encubrir el atentado, una verdad incontrastable por más que Rafecas haya dicho lo contrario. Así, y pese a que acusa al Gobierno de degradar la calidad institucional del país, la corporación mediática se alza hoy como evaluadora de los pronunciamientos judiciales y dictamina sobre ellos en una especie de único veredicto válido.
Siguiendo ese mecanismo, la prensa opositora contó 400 000 paraguas en la movilización del 18F, un homenaje a Nisman convocado por un grupo de fiscales, muchos de los cuales están cuestionados por haber obstaculizado la causa AMIA. Con métodos para el cálculo de multitudes desarrollados por la Universidad de California hace medio siglo, tomando en cuenta las dimensiones del lugar donde ocurren los hechos y la fluidez o densidad de la multitud, considerando que el uso de paraguas aleja cualquier posibilidad de agolpar cuatro personas por metro cuadrado, el número real de asistentes fue de entre 70 000 y 90 000, según laizquierdadiario.com, un dato mencionado en un artículo de Horacio Verbitsky en Página 12. 
Para la prensa opositora, los que lloraron a Nisman fueron argentinos de bien que, desafiando una intensa lluvia, salieron a decir “basta de impunidad” y a pedir justicia por la muerte del fiscal, aun cuando, a pocos metros de ellos, había un grupo de hombres y mujeres cuya función es impartir justicia. Los que vayan hoy 1 de marzo a la plaza del Congreso, el día en que Cristina pronunciará su último discurso ante la Asamblea Legislativa como presidenta, serán, por el contrario, militantes ultrakirchneristas, jóvenes insolentes y fanatizados, una masa llevada de las narices por el choripán...
Quizá llegue el día en que estos profetas de la mentira y la difamación, en un rapto de lucidez y de decencia (si es que algo de lucidez y decencia les queda), se animen, como lo hicieron los periodistas de los medios estadounidenses y británicos cómplices de la mentira de Bush y del Pentágono, a pedir perdón y a admitir que en todos estos años no hicieron más que degradar la profesión de periodista y pisotear el derecho a la información.
La esperanza se apaga cuando se recuerda aquel triste episodio protagonizado por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que, en un artículo en La Nación de octubre de 2012, acusó al Gobierno de cambiar el prólogo del Nunca Más firmado, según ella, por Ernesto Sabato. El prólogo nunca fue firmado por el escritor y a quienes tenemos el ejemplar del informe de la Conadep nos consta. La propia editorial, Eudeba, salió a aclarar poco después que Sabato no había firmado el escrito, ni siquiera el de la primera edición. Sin embargo, Ruiz Guiñazú, que integró la Conadep, nunca pidió disculpas por ello. 




Pedido de disculpas de La Nación. | CAPTURA DE PANTALLA.

La esperanza vuelve en una pequeña dosis al recordar que el 4 de mayo de 2013,  La Nación sí pidió disculpas por difundir una información falsa del diario italiano Corriere della Sera, en la que se daba cuenta de un tour de compras de la presidenta por lujosas tiendas de Roma, cuando había ido a participar en la capital de Italia de una cumbre de la FAO sobre el hambre.
“La Nación lamenta haberse hecho eco del contenido de aquella crónica y presenta públicamente las disculpas del caso a la Presidenta y a los lectores”, dice el texto, en que se explica que la difusión de la noticia respondió al “prestigio y la seriedad que tradicionalmente han caracterizado a un medio centenario como el Corriere della Sera”. 

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